FGR indaga red de funcionarios por contratos simulados en Álvaro Obregón

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal para determinar la cadena de responsabilidades administrativas y penales en la alcaldía Álvaro Obregón, tras documentarse pagos por más de 31 millones de pesos a proveedores sin sustento material. La indagatoria sitúa bajo escrutinio judicial directo a los directores generales, administradores y jefes de unidad departamental de la gestión de Lía Limón que validaron y autorizaron las transferencias de recursos públicos.

La línea ministerial busca clarificar los eslabones de supervisión dentro de la alcaldía que permitieron la liberación de pagos sin verificar la llegada de bienes a las bodegas oficiales. De acuerdo con los lineamientos de adquisiciones de la Ciudad de México, ningún pago puede ser emitido sin la firma de recibido de almacén, la verificación técnica de los insumos y la anuencia de la Dirección General de Administración y Finanzas local.

Los contratos bajo sospecha incluyen la supuesta compra de pintura, uniformes, impermeabilizantes y equipo para luminarias que debían destinarse a zonas de alta vulnerabilidad. El órgano acusador analiza si los servidores públicos involucrados incurrieron en delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones o colusión de servidores públicos, al firmar actas de recepción de bienes inexistentes.

El caso cobra relevancia institucional dado que la Auditoría Superior de la Federación agotó los plazos legales para que la demarcación solventara las observaciones documentales. Al no presentarse pruebas materiales ni rastro físico del material adquirido, el máximo órgano de fiscalización del país determinó que la irregularidad no podía limitarse a un fallo administrativo, trasladando el expediente a la sede penal.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción rastrea la validez de los contratos y las conexiones entre los proveedores registrados en el padrón y los funcionarios con capacidad de firma en Álvaro Obregón. Las líneas de investigación apuntan a identificar si se emplearon empresas fachada o esquemas corporativos diseñados exprofeso para dispersar los recursos hacia terceras cuentas bancarias.

La revisión ministerial abarcará las cuentas bancarias institucionales y el flujo de los 31.4 millones de pesos desde las arcas de la alcaldía hasta sus beneficiarios finales. El rastreo de la ruta del dinero busca establecer si existió retorno de capitales hacia mandos de la demarcación o desvío sistemático de recursos públicos.

El avance de esta indagatoria coloca a los funcionarios que formaron parte del comité de adquisiciones y a la propia exalcaldesa ante requerimientos judiciales para comparecer, mientras el Ministerio Público Federal integra los elementos para judicializar el expediente y solicitar las órdenes correspondientes.